Entre lo que queda del 2018 y el 2019, el Gobierno espera inyectar, a través de la banca pública y otros organismos estatales, USD 1 308 millones en nuevo financiamiento.

Los créditos están destinados para tres sectores productivos: el agro, la construcción y la economía popular y solidaria: micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Se trata de una de las estrategias planteadas en el Plan Prosperidad, presentado en agosto pasado. De ese monto, USD 235 millones; esto es, el 18% corresponde a recursos para reactivación de las mipymes.

La Corporación Financiera Nacional (CFN) es el ente que inyectará la suma más alta para mipymes y emprendimientos de la Economía Popular y Solidaria, a través de la línea de crédito Progresar 2. Se trata de un producto con USD 100 millones, que se implementará a finales de este año.

Según Juan Carlos Jácome, presidente del Directorio de CFN, el 50% de ese monto será financiado por la Corporación Andina de Fomento (CAF). Añadió que este producto se enfocará en emprendimientos productivos y actividades no tradicionales. Según la clasificación del BCE, entre estos últimos están jugos y conservas, elaborados de mar, harina de pescado, prendas de vestir, entre otros.

El Banco del Pacífico, en tanto, incrementará en USD 30 millones los recursos del programa Crédito Emprendedor para el 2019. En este año, la meta de este programa es de 35 millones, informó la entidad. El banco ofrece dos tipos de financiamiento. Uno para capital de trabajo y otro para la compra de activos fijos (maquinaria, por ejemplo), con tasas desde 8,5 hasta 15,5%.

Los plazos van desde 6 hasta 72 meses. Para pymes, el monto máximo es de USD 300 000 y para micro, 30 000. Además, Pacífico coordinará un programa de créditos por 10 millones en coordinación con los GAD.

Según un estudio realizado entre el 2016 y el 2017 por la Cámara de la Pequeña y Mediana de Comercio de Pichincha (Capeipi), un 50% de pymes todavía accede a recursos a través de préstamos informales o el chulco, mientras que un 8% lo hace a través de créditos de la banca pública y un 17% tiene que financiarse mediante recursos propios.

Christian Cisneros, director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña y Mediana de Comercio de Pichincha (Capeipi), señala que las principales barreras de acceso a recursos son las tasas de interés de dos dígitos en el sistema financiero formal, las garantías que en algunos casos exceden el monto del crédito y la tramitología.

En la banca pública y privada, dice el directivo, los bancos solicitan que los interesados presenten balances financieros de años anteriores, limitando el acceso a los emprendimientos nuevos. Para el sector agrícola, en tanto, BanEcuador aumentará en USD 200 millones más a la colocación de crédito del 2019.

Santiago Campos, gerente de la institución, explicó que el banco trabajará de forma coordinada con el Ministerio de Economía para obtener recursos de multilaterales. Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la zona I, considera que, además del nuevo financiamiento, la banca pública debe diseñar productos con mejores plazos, que respondan a la estacionalidad y al tipo de cultivos.

Espera que esta estrategia se acompañe de una baja en las tasas de interés para el sector agrícola , dispuesta en la Ley de Fomento. Según el dirigente, las tasas para el sector están entre el 9 y 12%. “Lo ideal es que esté en el 5%”. Entre enero y agosto de este año, BanEcuador, CFN y el Pacífico realizaron desembolsos por USD 2 183 millones.

En el sector de la construcción, según el Plan Prosperidad, hasta el 2019 subirá en USD 800 millones el financiamiento a través de la banca pública, el Biess y del reciclaje de cartera hipotecaria. En contexto ​ En el Plan de Prosperidad, presentado en agosto pasado, el presidente Moreno propone además fortalecer el Fondo Nacional de Garantías con un aporte adicional de USD 40 millones y USD 63 millones a fondos de capital semilla y de riesgo.