Con un 40% de cambios, de forma y fondo, llega el proyecto de ley de Fomento Productivo para su segundo y último debate en el Pleno de la Asamblea, previsto para el martes, 19 de junio del 2018.

Desde el 13 de junio, la Comisión de Desarrollo Económico retomó el análisis de la iniciativa legal, con comparecencias de asambleístas, funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil.

La remisión o amnistía tributaria y la eliminación del impuesto a la salida de divisas (ISD) fueron los temas que más observaciones recibieron en el primer debate, principalmente del grupo correísta.

La remisión de interés, multas y recargos -planteada por el Ejecutivo- se amplió a más sectores.

Inicialmente se propuso este beneficio para deudores con obligaciones tributarias, aduaneras, de la Seguridad Social, matrículas e impuestos vehiculares, GAD y servicios básicos entregados por empresas públicas.

Los legisladores incluyeron en el incentivo a los deudores del Banco Nacional de Fomento en liquidación, quienes tendrán 365 días para acogerse a la condonación, con el pago previo del 1% del saldo del capital.

Según César Rohon, asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), esto permitirá el impulso de los sectores agropecuarios más pequeños.

También se incluyó a los morosos de créditos educativos y becas otorgadas por el anterior Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE).

El beneficio de remisión no aplicará para las personas que no culminaron sus estudios o que no cumplieron con las condiciones establecidas en el crédito otorgado.

Para el primer debate, se incorporó la remisión de algunos compromisos con la Superintendencia de Compañías, lo cual se mantuvo para el debate final del proyecto.

Varios asambleístas pidieron que los contribuyentes que se hayan beneficiado de anteriores remisiones no puedan acceder a la medida.

Esto no fue acogido por la Comisión, pero el organismo mantuvo el ‘candado’ de 10 años de espera para acceder a una nueva remisión.

La Comisión, además, dio marcha atrás en el tema del ISD.

Inicialmente, el Ejecutivo planteó la posibilidad de una reducción gradual del tributo a cargo del Ministerio de Finanzas.

Para el primer debate, la Comisión modificó esta disposición y planteó que el Presidente elimine el ISD de forma obligatoria.

Pero finalmente el organismo decidió plantear la disminución del tributo sujeto a las condiciones de la caja fiscal y a la balanza de pagos.

Para Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, es necesario definir los montos a reducir anualmente o la fecha en que el impuesto alcanzará la tarifa 0%.

Otra novedad que trae el informe para segundo debate es la incorporación de un seguro de garantía para las viviendas de interés social (VIS), que incluye la idoneidad estructural de las viviendas, defectos por malas prácticas y otros.

La iniciativa incrementará los costos de estas construcciones, consideró Jaime Rumbea, vocero de la Asociación de Promotores Inmobiliarios (Apive).

Le preocupa también la exclusión de los proyectos inmobiliarios turísticos para las exenciones tributarias por nuevas inversiones.

La Comisión especificó que se creará un fondo de garantías para el fomento productivo de la economía popular y solidaria (EPS), con el 50% de las utilidades que generen las entidades de la banca pública.

En el tema fiscal, la propuesta del Legislativo es que un presupuesto se apruebe hasta con un 1% de déficit primario, siempre que en los últimos tres trimestres se registre decrecimiento económico, según las cifras del Banco Central.

En la propuesta inicial se prohibía, sin condiciones, la aprobación de la Proforma con déficit primario.

Para la creación del fondo de estabilización fiscal con excedentes de la explotación de recursos no renovables, propuesto por Finanzas, se plantea que antes se descuente a los excedentes a favor de los GAD.

En lo relacionado con la Ley de Empresas Públicas, la Comisión plantea eliminar la propuesta de que estas entidades entreguen a Finanzas su presupuesto operacional, los planes de inversión y reinversión, proyecciones financieras y flujos de caja, para que esta Cartera de Estado emita un dictamen vinculante sobre la procedencia o no de los mismos.

Una vez que termine el tratamiento del proyecto en la Asamblea, el Ejecutivo tendrá 30 días para pronunciarse sobre el documento.